miércoles, 29 de julio de 2009
Pasanaco 2009/06 - Gallito Gutiérrez (Parte 2)
Estas fotos son gracias a nuestro Querido Flaco Khalita:
domingo, 26 de julio de 2009
martes, 7 de julio de 2009
Artículo de Karim Leytón
El futuro de COSETT
A. Karim Leyton Alé
Inversiones millonarias cuestionadas por significar un posible riesgo para el patrimonio y estabilidad financiera de la cooperativa, constituyen hoy un problema, del que tanto socios como población en general esperamos aún una explicación clara y coherente.
El manejo de COSETT está cuestionado, no de ahora sino desde sus inicios, esto se debe principalmente a la debilidad institucional que se refleja en que sus instancias de control tienen limitaciones para cumplir con su rol, porque control de gestión externo prácticamente es inexistente. Existen normas, enunciados pero las instancias de regulación y fiscalización han trabajado más en regular que en realizar un exhaustivo control de gestión.
Por tanto la gestión en términos de eficiencia, de transparencia, control y rendición de cuentas es vulnerable. Esta vulnerabilidad se origina en la ilegitimidad existente –más allá de la formalidad del cumplimiento de normas- en distintos mecanismos e instancias de la cooperativa y afectan negativamente para un buen manejo, democrático y transparente.
La cooperativa tiene alrededor de 20.000 socios, pero no asisten a votar más del 15% de ellos, lo mismo sucede en las asambleas, son dos momentos trascendentes en la vida de una cooperativa y esta situación hace vulnerables tanto los actos eleccionarios como las asambleas, porque son sujetas de manipulación por parte de grupos de interés. Esto sería mucho más difícil que ocurra si el socio votaría y asistiría a las asambleas en mayor número.
Para este caso, debe facilitarse el acceso del socio a votar y su asistencia a las asambleas, multiplicar los puntos de votación, ampliar los períodos de votación, buscar que la corte electoral, las oficinas de Cooperativas del Ministerio de Trabajo y otras participen durante todo el proceso eleccionario y control de las asambleas de socios, con el fin de hacer menos vulnerables a estas de la manipulación buscando mayor legitimidad y transparencia a favor de una mejor gestión de la cooperativa y defensa de los intereses del asociado.
Por estas razones, creo que difícilmente pueda encontrarse una solución efectiva y sostenible en el tiempo desde cualquier instancia de la cooperativa tal como se encuentra hoy, por más esfuerzo que se haga. Los tarijeños socios y no socios deseamos que la cooperativa base su funcionamiento y gestión en función de una sólida institucionalidad, instancias y mecanismos de control de gestión que funcionen efectivamente, aún por encima de la capacidad o incapacidad, de las buenas o malas intenciones de quienes llegan circunstancialmente a los consejos.
Hoy se requiere esclarecer la base que ha dado sustento a la decisión de realizar inversiones significativas –y según denuncias- no rentables que comprometen el patrimonio de la cooperativa, puesto que se ha contraído una deuda muy grande y los proyectos nuevos no son capaces de “pagar” esas inversiones. Está claro que auditorías idóneas deberán analizar lo actuado, sin embargo es inaceptable el argumento de que la denuncia de estos daños sería la causa del fracaso de estos.
Por todo ello, se requiere que las instancias internas de control y vigilancia funcionen, tengan un rol y poder suficiente para incidir en la transparentación de la gestión en la cooperativa, que se corrijan las distorsiones en las funciones de un consejo de administración que en vez de estar manejando licitaciones, contratación y despidos de personal, esté abocado a impulsar un plan estratégico institucional, un plan de negocios y políticas que beneficien efectivamente a los socios cooperativistas. Se requiere un órgano de control externo y preferentemente estatal que pueda hacer un efectivo e imparcial control de gestión ex post. Se requiere transparencia en la disponibilidad de la información para cualquier socio que la solicite. Se requiere que las elecciones sean legítimas y no sean vulnerables a la manipulación, igual condición se requiere para las asambleas de socios.
Tal vez, una intervención sea saludable para la cooperativa, una intervención no es mala en sí misma, más bien es mala la causa que origina la necesidad de que se realice. Una intervención que permita transparentar la gestión, la información, las denuncias, el manejo económico, etc. , que permita redireccionar adecuadamente la gestión de la cooperativa; sin influencias, sin manipulación, sin contubernios. Una intervención con restricciones por ejemplo para realizar nuevas inversiones, nuevas adquisiciones y restricciones para remover personal técnico y administrativo.
Si una intervención tiene un plazo definido razonablemente, unas tareas claramente establecidas y resultados esperados, incluyendo un llamado a elecciones; puede que sea una alternativa válida a considerar, y como una posibilidad de retomar un camino correcto en dirección de establecer las bases para fortalecer COSETT.
Por demás está decir que la naturaleza de una intervención se basa en una necesidad estrictamente técnica e institucional mirando el futuro de la cooperativa, de ninguna manera en aspectos o intereses políticos que podrían empeorar aún más su situación actual.
Artículo de Oscar Gonzales del Prada
¿Aclaración necesaria?
Oscar Gonzales de Prada Pizarro*
Los ciudadanos estamos presenciando/sufriendo el desconocimiento de la alteridad que habita el mismo territorio. En otras palabras, vivimos de forma palpable, en todos los niveles de gobierno (nacional, departamental y local), la intolerancia sobre el individuo que solicita información de interés público, cuando más bien la interpelación debe ser un principio fundamental y moneda corriente de la democracia. Es justamente aquí donde los encarnizados enemigos políticos y artífices de la polarización y cultores del enfrentamiento son exactamente iguales.
El claro y más reciente ejemplo –que produce vergüenza ajena- fue precisamente la soberbia, cobarde, brutal, abusiva, antidemocrática, antiautonomista, ignorante, cínica y desproporcionada solicitada publicada en un medio local bajo el título "Aclaración necesaria" en la que se pretendió responder/vapulear a un ciudadano -quien se atrevió a cuestionar dos partidas del presupuesto prefectural-, pero que con su sola publicación el pasado jueves, en los hechos y entre líneas, llegó a aclarar –y de manera ‘necesaria’- en qué se invierten parte de nuestros recursos: en neutralizar e invisibilizar a cuanto se atreva a levantar la cabeza.
Y es que en nuestra autonomía naciente no hay cabida para la democracia, para la diferencia, el diálogo, el debate. Hay -como el nivel central tiene el suyo propio- un proyecto homogeneizante, en nuestro caso de ‘lo tarijeño’, donde la maquinaria propagandística prefectural se esmera por mostrar una Tarija sin contradicciones ni fisuras, a través de un doble movimiento: cerrar filas negando la diversidad cultural, política, social y económica interna y exacerbar las diferencias sostenidas con el resto del país, en una suerte de lógica destructiva de marginación y negación, que secuestra la potencialidad de la dialoguicidad como fuerza transformadora.
Que el Prefecto ya hubiera ‘rendido cuentas’ sobre su gestión, no puede ser ningún pretexto para eludir explicaciones sobre una necesaria, nueva y válida cuestionante en la que se revela la desproporcionada asignación de recursos para publicidad y propaganda y de consultorías. ¡Pura soberbia! Ocultarse en una normativa como parámetro de eficiencia del gasto rehusándose a ser comparados con otros departamentos como una forma más justa y exacta de medir si lo que se hace se hace bien, es mañudez intelectual o, en todo caso, ignorancia sobre el poder que tiene el método comparativo. Si no, ¿cómo se puede afirmar que están haciendo bien las cosas?, ¿en comparación con qué?
En ese sentido, por supuesto que llama la atención de por qué la Prefectura gasta casi el 36% de la sumatoria de los nueve presupuestos departamentales en pago a medios de comunicación, imprenta y servicios fotográficos. Lo propio, que se gaste el 43% de la totalidad en consultorías. La desproporción y la irracionalidad es abismal si se toma en cuenta la población a la que deben llegar las políticas públicas (4,7%) o el territorio (3,4%) en comparación al resto del país. Que es cierto que tanto regalías como IDH son ingresos justos para un departamento –olvidado a la mano de Dios- por el aprovechamiento de un recurso no renovable, eso no habilita a que se dilapide el dinero, menos cuando es del pueblo.
Pero, lo más indignante es que el único mecanismo que tiene sea la descalificación personal a quienes ponen sobre el tapete esos temas, en lugar de aclarar esos datos (desmentirlos, rectificarlos, justificarlos o corroborarlos). Al ciudadano no le interesa el infantilismo/cinismo con el que pretenden armar su escudo protector para blindarse de las interpelaciones recurriendo al insulto o a supuestas simpatías políticas de quien levanta la mano o si, finalmente, es extraterrestre. ¡Pura cobardía y cinismo! Necesita que confirmen o nieguen si existe semejante disparidad y dilapidación de nuestros recursos y por qué. Asimismo, las autoridades electas tienen la obligación de proporcionar esos datos e informaciones donde fuera que provengan las preguntas, ya que su origen no les resta legitimidad.
Para peor, enfurece más que a uno lo tomen por imbécil sobre la inexistencia de las redes clientelares que teje la institución no sólo con algunos medios o periodistas, sino hasta con la asociación de peluqueras, y busquen de la forma más asquerosa a plegarse a esa suerte de muerte civil que intentan dar a personas que ponen el dedo en la llaga. Donde hay tanto silencio, también existe la duda razonable de complicidad. Al ciudadano no le pueden contar cuentos a cerca de las ‘amistades’ y compadrazgos que se ven diariamente, y a mí, menos.
Por último, el presente artículo de opinión me costó 0 Bs; por lo que espero que si tienen la gentileza/entereza de contestarme lo hagan sin gastar los recursos de los tarijeños y que sea sin soltar a los perros rabiosos.
* Es un ciudadano indignado, que solo busca la transparencia de la información de interés público más allá de las personas, intereses y partidos.
Oscar Gonzales de Prada Pizarro*
Los ciudadanos estamos presenciando/sufriendo el desconocimiento de la alteridad que habita el mismo territorio. En otras palabras, vivimos de forma palpable, en todos los niveles de gobierno (nacional, departamental y local), la intolerancia sobre el individuo que solicita información de interés público, cuando más bien la interpelación debe ser un principio fundamental y moneda corriente de la democracia. Es justamente aquí donde los encarnizados enemigos políticos y artífices de la polarización y cultores del enfrentamiento son exactamente iguales.
El claro y más reciente ejemplo –que produce vergüenza ajena- fue precisamente la soberbia, cobarde, brutal, abusiva, antidemocrática, antiautonomista, ignorante, cínica y desproporcionada solicitada publicada en un medio local bajo el título "Aclaración necesaria" en la que se pretendió responder/vapulear a un ciudadano -quien se atrevió a cuestionar dos partidas del presupuesto prefectural-, pero que con su sola publicación el pasado jueves, en los hechos y entre líneas, llegó a aclarar –y de manera ‘necesaria’- en qué se invierten parte de nuestros recursos: en neutralizar e invisibilizar a cuanto se atreva a levantar la cabeza.
Y es que en nuestra autonomía naciente no hay cabida para la democracia, para la diferencia, el diálogo, el debate. Hay -como el nivel central tiene el suyo propio- un proyecto homogeneizante, en nuestro caso de ‘lo tarijeño’, donde la maquinaria propagandística prefectural se esmera por mostrar una Tarija sin contradicciones ni fisuras, a través de un doble movimiento: cerrar filas negando la diversidad cultural, política, social y económica interna y exacerbar las diferencias sostenidas con el resto del país, en una suerte de lógica destructiva de marginación y negación, que secuestra la potencialidad de la dialoguicidad como fuerza transformadora.
Que el Prefecto ya hubiera ‘rendido cuentas’ sobre su gestión, no puede ser ningún pretexto para eludir explicaciones sobre una necesaria, nueva y válida cuestionante en la que se revela la desproporcionada asignación de recursos para publicidad y propaganda y de consultorías. ¡Pura soberbia! Ocultarse en una normativa como parámetro de eficiencia del gasto rehusándose a ser comparados con otros departamentos como una forma más justa y exacta de medir si lo que se hace se hace bien, es mañudez intelectual o, en todo caso, ignorancia sobre el poder que tiene el método comparativo. Si no, ¿cómo se puede afirmar que están haciendo bien las cosas?, ¿en comparación con qué?
En ese sentido, por supuesto que llama la atención de por qué la Prefectura gasta casi el 36% de la sumatoria de los nueve presupuestos departamentales en pago a medios de comunicación, imprenta y servicios fotográficos. Lo propio, que se gaste el 43% de la totalidad en consultorías. La desproporción y la irracionalidad es abismal si se toma en cuenta la población a la que deben llegar las políticas públicas (4,7%) o el territorio (3,4%) en comparación al resto del país. Que es cierto que tanto regalías como IDH son ingresos justos para un departamento –olvidado a la mano de Dios- por el aprovechamiento de un recurso no renovable, eso no habilita a que se dilapide el dinero, menos cuando es del pueblo.
Pero, lo más indignante es que el único mecanismo que tiene sea la descalificación personal a quienes ponen sobre el tapete esos temas, en lugar de aclarar esos datos (desmentirlos, rectificarlos, justificarlos o corroborarlos). Al ciudadano no le interesa el infantilismo/cinismo con el que pretenden armar su escudo protector para blindarse de las interpelaciones recurriendo al insulto o a supuestas simpatías políticas de quien levanta la mano o si, finalmente, es extraterrestre. ¡Pura cobardía y cinismo! Necesita que confirmen o nieguen si existe semejante disparidad y dilapidación de nuestros recursos y por qué. Asimismo, las autoridades electas tienen la obligación de proporcionar esos datos e informaciones donde fuera que provengan las preguntas, ya que su origen no les resta legitimidad.
Para peor, enfurece más que a uno lo tomen por imbécil sobre la inexistencia de las redes clientelares que teje la institución no sólo con algunos medios o periodistas, sino hasta con la asociación de peluqueras, y busquen de la forma más asquerosa a plegarse a esa suerte de muerte civil que intentan dar a personas que ponen el dedo en la llaga. Donde hay tanto silencio, también existe la duda razonable de complicidad. Al ciudadano no le pueden contar cuentos a cerca de las ‘amistades’ y compadrazgos que se ven diariamente, y a mí, menos.
Por último, el presente artículo de opinión me costó 0 Bs; por lo que espero que si tienen la gentileza/entereza de contestarme lo hagan sin gastar los recursos de los tarijeños y que sea sin soltar a los perros rabiosos.
* Es un ciudadano indignado, que solo busca la transparencia de la información de interés público más allá de las personas, intereses y partidos.
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